Para Fernández, el sector ganadero "después de los conflictos que tuvimos con el campo se está viendo un cambio en el precio, y este nuevo precio está yendo al consumidor inevitablemente". Agregó que la tarea está en ver "qué va a suceder con el propio stock", y sostuvo que "muchos están reteniendo vientres, están engordando" animales.

Por ello, consideró que "esto se va a emparejar en dos o tres meses cuando el productor comience a entregar lo que ya tiene con muchos más kilos, con mejores condiciones, con una forma mejorada de su rentabilidad y un buen precio del kilo vivo".

Asimismo, Fernández subrayó que la tarea del Gobierno es "ver que quienes aumentan los precios no se aprovechen de la situación, y perjudiquen a la gente".

Hoy por hoy, "hay algunos productos que han aumentado, sepamos quiénes son los que aumentaron y tratemos de garantizar que no se pasen de la raya y estemos encima de quienes estén produciendo el precio, que es lo importante para este tema", concluyó.

El documento expresa el apoyo de la Unasur a "los esfuerzos del Gobierno de Haití para que, bajo su liderazgo, y en coordinación con los organismos internacionales y regionales, ejecute las actividades de asistencia humanitaria a la población haitiana y promueva el desarrollo social, económico e institucional".

Con ello, la Unasur, dice el documento, demuestra su decidida intención de ayudar al Gobierno y al pueblo haitiano en la emergencia que afronta por el terremoto que le asoló el pasado 12 de enero, así como en su reconstrucción.

Para concretar las ofertas de ayuda, la Unasur propuso crear un fondo de cien millones de dólares, con aportes proporcionales de cada país, y solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un crédito por 200 millones de dólares en condiciones blandas, también asumido por las naciones de la Unión.

El compromiso fue suscrito por los representantes de Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina, Paraguay, Guayana y Surinam.

Bajo la dirección del ecuatoriano Correa, que ocupa la presidencia pro témpore de la Unasur, y en presencia del mandatario haitiano, René Préval, la UNASUR decidió plasmar su solidaridad con el pueblo haitiano de manera más práctica.

"Reiteramos nuestro compromiso para apoyar la atención integral de los heridos, damnificados y la reconstrucción del país, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades expresadas por las autoridades de Haití", aseguraron.

La eliminación temporal de aranceles a la importación de productos haitianos, inversiones para fomentar el empleo en esa nación y establecer una cooperación entre estados de la Unasur para el envío marítimo y aéreo de las ayudas, forman parte de los acuerdos.

La Unasur también exhortó a los acreedores internacionales de Haití a condonar la deuda exterior de esa nación caribeña.

La resolución de Quito contiene de la misma manera decisiones internas, como la de crear una Brigada Suramericana de Solidaridad y Cooperación, para que actúe de forma inmediata en situaciones como la que afrontan hoy los haitianos.

También se comprometieron a continuar con el envío de la ayuda humanitaria emprendida por los estados miembros de la Unasur y a llevar adelante "una cooperación sur-sur, mediante el acompañamiento a mediano y largo plazo en el proceso de reestructuración" de Haití.

Asimismo, la Unasur se comprometió a atender de manera prioritaria los tres ejes de cooperación planteados en esta cita por el presidente Preval, que incluyen la construcción vial, el apoyo al sector agrícola y la asistencia en materia de salud.

El fondo de cien millones de dólares financiará de forma inmediata los equipos especiales de la Unasur que llevarán adelante los planes de cooperación, que incluyen el envío de carpas y la construcción de albergues para atender la urgente necesidad de vivienda en Haití.

Una delegación de alto nivel del organismo viajará a Haití para conocer de cerca las acciones que el Gobierno local requiera en cuanto a la mitigación del desastre.

El texto de la resolución incluye planes de cooperación en materia energética, reforestación, educación, regularización de haitianos que residan en países suramericanos y reconstrucción de la sede del Gobierno de Puerto Príncipe, uno de los edificios afectados por el terremoto.

"Siempre lo tuve en cuenta, me gusta, me encanta, pero no quiso venir. Es un tema cerrado", afirmó Maradona, al hablar con los periodistas en el predio de la AFA en Ezeiza.

También el técnico confirmó el equipo para el amistoso de mañana en Mar del Plata ante Jamaica: Nelson Ibáñez (Godoy Cruz); Gabriel Mercado (Racing), Leonel Galeano (Independiente), Mariano Echeverría (Chacarita) y Luciano Monzón (Boca); Patricio Toranzo (Huracán), Walter Acevedo (Independiente), Juan Mercier (Argentinos Jrs.) y Federico Insúa (Boca); Martín Palermo (Boca) y Franco Jara (Arsenal).

"Yo no tengo compromiso con nadie y voy a elegir al jugador que esté mejor. El fútbol argentino no está olvidado, ver a los chicos ponerse la camiseta en el vestuario y verles las caras ya te das cuenta quien va a resolver las cosas bien y quien no está para la camiseta", continuó el entrenador.

Sobre las declaraciones del técnico de Racing, Claudio Vivas, sobre la citación de jugadores, el Diez arremetió duro contra el DT: "No le puedo contestar a Vivas, no da la categoría Vivas. Los que alguna vez tuvimos la ilusión de vestir esta camiseta sabemos lo que es una convocatoria. A mi me temblaba el alma cada vez que Bilardo daba la lista".

Alejandro Mancuso, ayudante de campo de Diego Maradona en el seleccionado argentino de fútbol, dijo hoy que "todo el mundo" tiene la chance de integrar el equipo de cara al Mundial de Sudáfrica, al tiempo que criticó al técnico de Racing, Claudio Vivas, al sentenciar que sus recientes declaraciones fueron "inoportunas e incoherentes".

"El (por Vivas) está jugando con la ilusión de los muchachos que tienen el sueño de vestir la camiseta de la Selección", dijo Mancuso, y fustigó: "No es lo mismo ser un ayudante a saber lo que es ponerse la camiseta de la Selección".

Vivas se había pronunciado en contra de la realización de encuentros amistosos con futbolistas del ámbito local y ante rivales de menor rango como Jamaica, ya que -dijo- "son pocos los jugadores de esa lista que podrán ir al Mundial" y mucho el perjuicio para los clubes porque están en plena competencia.

"Nos duele y nos da bronca porque (Vivas) sabe muy bien el estrés y la angustia que genera estar acá adentro. Nunca tiene que dejar de lado el sentimiento del jugador por estar en la Selección", se quejó Mancuso al hablar sobre el técnico de Racing.

"Los jugadores saben que tienen un técnico que no se casa con nadie, porque con Diego (Maradona) juega el que está mejor", dijo Mancuso en declaraciones a TyC Sports.

Por su parte, y ante los rumores de que el presidente de la AFA, Julio Grondona, intentaría propiciar un acercamiento entre Maradona y Juan Román Riquelme para que éste vuelva al seleccionado, Mancuso sentenció que "conociendo a Diego, es muy complicado" que ello se dé.

En declaraciones formuladas tras poner en funciones al nuevo titular del Banco Nación, Juan Carlos Fabrega, Fernández aclaró que "inflación es un aumento generalizado de precios, y no es lo que está sucediendo acá".

Afirmó que en el caso de la carne "está tomando un precio que tiene que ver con la demanda y con la capacidad que tienen los productores de quedarse con los animales para engorde, porque están teniendo un precio de kilo vivo altísimo, que no tuvieron nunca".

Para Fernández, el sector ganadero "después de los conflictos que tuvimos con el campo se está viendo un cambio en el precio, y este nuevo precio está yendo al consumidor inevitablemente". Agregó que la tarea está en ver "qué va a suceder con el propio stock", y sostuvo que "muchos están reteniendo vientres, están engordando" animales.

Por ello, consideró que "esto se va a emparejar en dos o tres meses cuando el productor comience a entregar lo que ya tiene con muchos más kilos, con mejores condiciones, con una forma mejorada de su rentabilidad y un buen precio del kilo vivo".

Asimismo, Fernández subrayó que la tarea del Gobierno es "ver que quienes aumentan los precios no se aprovechen de la situación, y perjudiquen a la gente".

Hoy por hoy, "hay algunos productos que han aumentado, sepamos quiénes son los que aumentaron y tratemos de garantizar que no se pasen de la raya y estemos encima de quienes estén produciendo el precio, que es lo importante para este tema", concluyó.

La Sala III de Casación rechazó un pedido de excarcelación que había presentado la defensa de Zanola, procesado como miembro de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de medicamentos adulterados o apócrifos.

El tribunal también rechazó excarcelar a otros seis procesados, entre ellos el ex funcionario de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), Miguel De Marco.

El ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército fue trasladado a ese centro asistencial desde el penal de Bouwer, una cárcel para presos comunes en las afueras del sur de la ciudad de Córdoba, donde purga varias condenas desde el 24 de julio de 2008.

El jefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Juan María Bouvier, precisó hoy que Menéndez fue trasladado al Hospital Militar a mediados de la semana pasada, aunque dijo desconocer por cuánto tiempo deberá permanecer internado.

Cuando se le consultó si hoy la Corte podría emitir un fallo sobre el Fondo del Bicentenario, el juez del máximo tribunal respondió: "Todavía no, hoy vamos a decidirlo. Evidentemente hay una serie de cosas que cumplir, porque en principio nosotros no tenemos como base jurisprudencial conocimiento de medidas cautelares, tienen que venir recursos extraordinarios".

"La Corte tiene que ver los fallos últimos que tienen valor institucional, es decir no estamos para las medidas cautelares que son medidas -digámoslo así- ocasionales", sentenció Fayt.

El miembro del alto tribunal advirtió que el análisis de la cuestión "nos va a llevar tiempo" y cuando se le recordó el "apuro" del Gobierno para tener una resolución, afirmó que "para nosotros no es un problema".

"Es un tema esencialmente político y esa es la tarea que tiene que hacer el Congreso de la Nación", y recordó la distribución de poderes en el sistema republicano imperante desde la Revolución Francesa.

Remarcó, en ese sentido, que el Congreso tiene como función "legislar para el futuro", el Ejecutivo "para el presente" y la Justicia "tiene que establecer y fallar para el pasado". (A la Corte) nos corresponde el pasado, no el futuro. Por eso mismo tenemos que establecer con claridad lo que nos corresponde", concluyó Fayt.

Así lo informaron fuentes judiciales, que indicaron que el planteo fue rechazado por el juez Ernesto Marinelli por "falta de legitimación" de los legisladores de centroizquierda.

El 21 de enero pasado, los legisladores Solanas, Claudio Lozano, Miguel Bonasso, Alcira Argumedo, Liliana Parada, Jorge Selser y Victoria Donda, entre otros, pidieron a la Justicia que declarara la inconstitucionalidad del decreto 1953/09, que autorizó la renegociación de la deuda pública.

Los diputados advertían, en el escrito de presentación, que con la renegociación se está "hipotecando el futuro de la Argentina", por lo que pidió que se suspendiera el canje de bonos de la deuda externa anunciado el año pasado por el gobierno.

Ese decreto encomienda al Ministerio de Economía "registrar un programa de deuda pública de la República Argentina ante la Securities and Exchange Comisión (SEC) de los Estados Unidos", por un monto no mayor a los 15.000 millones de dólares.

Contra esa medida, Solanas argumentó que la Argentina "debe pagar todo lo que es legítimo, pero no deudas que están siendo investigadas por estafa y fraude".

El juez Marinelli rechazó el planteo, con lo que virtualmente dejó vigente el decreto que autoriza el canje de la deuda con tenedores que quedaron afuera de la etapa anterior de la renegociación.

Consultado por radio Mitre sobre la situación de su asesor, Bullrich dijo que "nunca ha avalado ideas represivas, Pablo Walter fue senador elegido democráticamente y lo que hacía era estar en un proyecto político".

Según publicó Página/12, Bullrich "puso a negociar con los gremios docentes a Pablo Walter, un ex diputado y senador de Fuerza Republicana, fogueado allá por el '98 como defensor mediático del dictador Antonio Domingo Bussi".

Por entonces, el ahora asesor del gobierno porteño estaba al frente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura tucumana.

La avenida 9 de Julio permanecó cortada al tránsito, en esta capital, a causa de una protesta gremial de la que participaban los dirigentes de la CGT Azul y Blanca Luis Barrionuevo y Oscar Lescano. En la protesta hubo una columna de ambulancias que provocó un gran congestionamiento vehicular.

El último parte médico difundido hace minutos en el centro médico del barrio de Palermo indica que mantiene una "evolución favorable" y que se encuentra en una situación de "pre alta", con lo que se ratifica que en un corto plazo podría volver a su hogar.

La mandataria encabezará a las 11.30 en el Salón Sur de Casa de Gobierno un acto donde hará anuncios para la clase pasiva, se informó oficialmente, sin dar más precisiones.

Se especula que la mandataria podría anticipar la nueva suba de haberes que deberán recibir en marzo los jubilados y pensionados, de acuerdo a lo previsto en la ley de movilidad jubilatoria, que contempla dos ajustes por año, el primero el mes próximo, y el segundo en setiembre.

A las 18, la jefa de Estado visitará la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde inaugurará obras de redes cloacales, de pavimentación y de bacheo. El acto principal se llevará a cabo en la plaza Atahualpa, ubicada sobre la Avenida Ratti entre Balbastro y Castelar.

"Ni siquiera los exabruptos le salen bien. Desde el punto de vista político, Reutemann no existe. Solamente lo tienen algunos medios para lanzar este tipo de estupideces que dice a cada momento", aseveró el secretario general de la central obrera en declaraciones radiales.

Con estos argumentos, Moyano sostuvo que "lo que dice Reutemann no tiene trascendencia" y sugirió que el senador nacional por Santa Fe "mejor se ocupe de resolver cómo aclara con la justicia el tema de las inundaciones que todavía tiene una causa y el tema de la muerte del pibe que mataron en los saqueos".

De este modo, el dirigente camionero respondió cuando, fue consultado por las declaraciones contra el gobierno nacional realizadas ayer por Reutemann, quien sostuvo que "con tal que cuando se vayan en el 2011 no se hayan afanado la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, los argentinos vamos a estar contentos".

La decisión fue adoptada el lunes por el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, durante una reunión con su gabinete ministerial. "Se debe aplicar un mecanismo ejemplarizante", dijo el mandatario, según el diario "Ultimas Noticias".

Durante la reunión, el ministro de Industrias, Raúl Sendic, presentó un balance sobre la emisión de la cadena por la derogación de la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que en 1986 amnistió a los militares y policías que secuestraron, torturaron o asesinaron a opositores a la última dictadura.

Según datos oficiales, de los 363 medios obligados a adherirse a la cadena que debía emitirse el 22 de octubre pasado, 36 no lo hicieron, por lo que quedarán sujetos a multas. Los montos serán fijados en función de la audiencia y los antecedentes de los medios de comunicación involucrados, indicó el ministro.

El mensaje que se debía transmitir en cadena de radios y televisión mostraba a familiares de detenidos y desaparecidos que instaban a votar a favor de la anulación de esa ley.

El 25 de octubre de 2009, simultáneamente con la primera vuelta de las elecciones presidenciales, los uruguayos debieron pronunciarse en un plebiscito para anular la Ley de Caducidad.

La consulta, promovida por organizaciones defensoras de los derechos humanos y algunos sectores de la gobernante coalición de izquierdas Frente Amplio, no logró las mayorías necesarias y la norma mantiene su vigencia.

Sendic dijo que las sanciones a los medios de comunicación constituirán "una señal clara a futuro. Cuando se establece una cadena nacional de radio y televisión, los medios deben adherir porque hacen uso de un bien público y deben prestar servicios cuando las necesidades del gobierno y el Estado lo requieren".

"En muchos casos la situación se dio porque la comunicación del Poder Ejecutivo no llegó a tiempo", alegó por su parte Gustavo Cersósimo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay.

En la primera sentencia de la Justicia Federal de Mar del Plata referida al tema, un hombre no vidente y una mujer fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de “trata de personas mayores de 18 años de edad, abusando de una situación de vulnerabilidad, agravado por la cantidad de víctimas, en concurso real con el delito de trata de personas menores de 18 años”, por comprobarse la explotación sexual de una chica de 17 años, de nacionalidad paraguaya, como la mayoría de las víctimas. El fallo del Tribunal Oral Federal integrado por Néstor Parra, Mario Portela y Roberto Falcone llegó como resultado de un juicio abreviado en el cual los imputados admitieron su responsabilidad, lo que evitó la realización de un juicio oral cuya repercusión pública, en un tema tan espinoso, hubiera sido mucho mayor. Sobre todo teniendo en cuenta “las complicidades de funcionarios policiales y municipales” que permitieron que el lugar, tal como se mencionó en la sentencia, pudiera funcionar sin problemas antes del mes de agosto de 2008, fecha del primer allanamiento, y después de esa fecha, a pesar de la detención de sus responsables visibles.

El prostíbulo que dio lugar a la investigación, al que se promocionaba como Sol y Luna, funcionaba en una vivienda de apariencia señorial y buen estado de conservación, ubicada en Alvarado 301, de la ciudad de Mar del Plata. Los dos condenados son Gloria Raquel Ortega Mora, una mujer paraguaya de 24 años que con anterioridad había sido traída al país desde Ciudad del Este y que también había sido explotada en el comercio de la prostitución, y el argentino Raúl Andrés López, un no vidente de 62 años, que por su condición de tal cumplirá la pena con prisión domiciliaria.

En el fallo, los jueces dejaron sentado que el delito de trata de personas, en el siglo XXI, conforma una “nueva criminalidad organizada” que puede ser “tan lesiva socialmente como los delitos de tráfico de estupefacientes que constituyeron la modalidad habitual de fines del siglo pasado”. En ese sentido, sostuvieron que “es dable observar que no se repitan los viejos vicios en la instrucción de estos ilícitos, donde por problemas y negligencias investigativas se termina puniendo a los autores menos importantes de la cadena de trata, como es exactamente el caso de autos, donde nos encontramos con un no vidente y con una mujer tratada que ascendió de categoría y pasó a ser la regente de sus propias compañeras, nuevas víctimas” del negocio de la prostitución.

Los miembros del tribunal señalaron que, por el contrario, “no se investigó la financiación que permitió la recepción y el traslado de las víctimas, los envíos a través de Western Union de Paraguay” del dinero que se recaudaba con el negocio de la prostitución y tampoco “quién era el que ayudaba al ciego (por López) a mantener las condiciones de las mujeres”. Otro tema que, según los jueces, no fue trabajado en la instrucción del caso fue el de “la captación de las víctimas”, que en su gran mayoría fueron traídas desde el Paraguay por gestión personal de Gloria Raquel Ortega Mora, aunque se ignora cuál era la fuente de financiación de esos viajes, que eran reiterados. Otro reproche fue que “la casa allanada no fue clausurada de inmediato, sino recién del segundo allanamiento”, realizado en diciembre de 2008, cuatro meses después del operativo en el cual se habían constatado las situaciones que se vivían en el lugar.

Los jueces apuntaron que “estas irregularidades deben ser mejoradas en lo sucesivo para que se pueda desmontar realmente toda la cadena que evidentemente cuenta con complicidades de funcionarios policiales y municipales”. Por todas estas razones, el tribunal aplicó una pena de sólo cuatro años a los imputados, cuando la ley prevé un máximo de 15 y un mínimo de 3. En forma paralela, se supo que los responsables de las Unidades Funcionales Especiales de la Justicia Nacional, especializadas en el tema de la trata, pedirán que ahora se realice una investigación complementaria, que apunte a los que se supone serían los verdaderos jefes de la organización que integraban López y Ortega Mora.

De acuerdo con el relato de los propios imputados, Raúl López conoció a Gloria Ortega Mora cuando él era “cliente” de un prostíbulo de la calle Berutti y la mujer una de las “pupilas” del lugar. Ella, cansada de la explotación a la que era sometida por el dueño del local, el policía René Obdulio Villagra, se unió con Raúl –al parecer iniciaron una relación de pareja– y juntos abrieron el “privado” de Alvarado 301. El 27 de agosto de 2008, cuando se hizo el primer allanamiento, en el lugar eran sometidas a explotación sexual cinco chicas paraguayas (Alba, Liz, Eliana, Laura y Mercedes) y la brasileña María. Después se sumó M. F. L., una chica de sólo 17 años, que también fue traída al país por Ortega Mora. Con posterioridad fueron incorporadas al “plantel” otras cuatro mujeres paraguayas.

Los jueces comprobaron que todas las mujeres, aunque habían aceptado dedicarse a la prostitución, lo hicieron en razón de su precaria situación económica y su vulnerabilidad. Alba, una de ellas, relató que aceptó venir al país desde Ciudad del Este porque “se cansó de trabajar en casas de familia, ganar poco..., que conoció a Gloria cuando fue a visitar a la madre que alquilaba la casa de su tío en Paraguay, que se encontró en dos o tres oportunidades con ella, que le comentó que estaba cansada de trabajar en casas de familia y Gloria le ofreció trabajar en Mar del Plata de la manera que lo hace en estos momentos...”, prostituyéndose. La mujer tiene tres hijos de 7, 9 y 13 años que están bajo su responsabilidad porque el padre no se hace cargo de ellos.

Las psicólogas que entrevistaron a las víctimas constataron su situación de vulnerabilidad, que no se había modificado sustancialmente, ni siquiera con su nueva ocupación, que les daba buenos dividendos a los explotadores. Ellas sólo cobraban el 50 por ciento de lo que se recaudaba y debían pagar el costo del viaje a la Argentina, el alquiler de la pieza que ocupaban en el prostíbulo, la comida y hasta los preservativos que se usaban. La licenciada María Steuer de Giusti dijo en la causa que de sus charlas con las chicas surgió que ellas todavía “no han pagado la deuda que tenían con (el condenado) López y una de ellas refiere que su deuda, respecto de los pasajes, la ha cancelado mediante un giro a Paraguay, no haciendo referencia del destinatario del dinero”, alguien que obviamente formaría parte de la estructura de la organización delictiva.

Todo indica que “los clientes le pagaban a Gloria” y que las chicas “no tenían contacto con la plata”. Los montos recaudados se anotaban en un cuaderno, que fue secuestrado en el marco de las investigaciones. El único día en que salían a pasear era el domingo, pero siempre acompañadas por la “encargada”, Gloria Ortega Mora, nunca solas.

No nos quedemos solo con los perejiles. Con otras palabras, es lo que advierte el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la segunda sentencia por un caso de trata de personas desde que se sancionó la ley que tipificó la figura penal. “Este tipo de delitos conforma la nueva criminalidad organizada del siglo XXI, que será tan lesiva socialmente como los delitos de tráfico de estupefacientes que constituyeron la modalidad habitual de fines del siglo pasado. Consecuentemente, es dable observar que no se repitan los viejos vicios en la instrucción de estos ilícitos, donde por problemas y negligencias investigativas se termina puniendo a los autores menos importantes de la cadena, como es exactamente el caso de autos, donde nos encontramos con un no vidente y una mujer tratada que ascendió de categoría y pasó a ser regente de sus propias compañeras, nuevas víctimas”, escribió el juez Mario Alberto Portela en su voto, al que adhirieron sus colegas Roberto Atilio Falcone y Néstor Rubén Parra.

En el primer juicio oral por el delito de trata que se hizo en el país, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a diez años de prisión el 27 de noviembre a Julia Núñez, una reclutadora, que recorría barrios pobres de los alrededores de la capital provincial captando bajo engaño a niñas y adolescentes.

Sobre los grandes proxenetas, ningún rastro, ninguna investigación, ninguna condena todavía. El tribunal marplatense es claro: si no se profundizan otras líneas investigativas –por ejemplo, que se llegue a quienes financian los viajes a la Argentina de las mujeres captadas en Paraguay–, difícilmente “se pueda desmontar realmente toda la cadena que evidentemente cuenta con complicidades de funcionarios policiales y municipales”. A los y las perejiles hay que perseguirlos y condenarlos. Sobre eso no hay dudas. Pero no deben ser los únicos. O sucederá como con las causas por infracción a la ley de drogas, en las que quienes van presos y atestan las cárceles son los eslabones marginales de las grandes organizaciones criminales. Hoy hay alrededor de 700 mujeres detenidas en prisiones federales por transportar poca cantidad de estupefacientes en el interior de su cuerpo o en equipajes. Representan el 80 por ciento del total de presas del Servicio Penitenciario Federal.

El juicio marplatense por trata fue abreviado. Lo acordó el fiscal del juicio Juan Manuel Pettigiani con el abogado de los imputados. Y así, lamentablemente, Mar del Plata se perdió la oportunidad de un debate oral y público que hubiese jugado como caja de resonancia de una problemática que trasciende las fronteras del delito, en un momento en el que se empezaron a correr ciertos velos que ocultan la trama de la trata en la ciudad balnearia. El titular de la fiscalía especializada en el delito de trata de la Procuración General de la Nación (Ufase), Marcelo Colombo, aporta un dato muy interesante: “En Paraguay, la mayoría de las sentencias condenatorias fueron por acuerdo de juicios abreviados y eso –dicen los investigadores paraguayos– incide de modo negativo en la configuración social disvaliosa del fenómeno”. No nos olvidemos: La trata de mujeres se sustenta en la naturalización de la explotación de la prostitución ajena y fundamentalmente en la existencia de clientes-prostituyentes.

El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, quiere impulsar una revisión del Código contravencional para que se prohíba la existencia de los cuidacoches, la venta ambulante y se cree la figura de “organizador” como agravante. En cambio, el funcionario PRO aseguró a este diario que no busca reintroducir las figuras de “merodeo y acecho” de los edictos policiales, aunque en algunos sectores de PRO se evalúa que sería útil contar con, al menos, alguna de las dos. “No es una reforma integral. La idea es hacer una reforma puntual sobre los “trapitos”, la venta ambulante y crear una figura para los que hacen llamados de bromas a las líneas de emergencia”, detalló Burzaco.

“Además, queremos agregar la figura del ‘organizador’: hacer un agravamiento para quienes están detrás de las organizaciones que explotan la venta ambulante”, explicó Burzaco. La reforma incluiría un artículo para que quienes llamen para hacer bromas a las líneas de emergencia puedan ser sancionados con una multa. Burzaco había dicho en un programa de televisión que el merodeo “es una herramienta muy útil, porque si una persona que vive en La Matanza y está en la Capital no puede explicar qué es lo que está haciendo, esa figura serviría para detenerla”. Sin embargo, ante Página/12 aclaró: “No dije que piense retomar el merodeo. La antigua figura de merodeo no es una figura que me parezca útil. La Constitución prohíbe los delitos de peligrosidad”.

En el PRO, plantean que los límites constitucionales son insalvables para la figura de “merodeo”. Pero algunos analizan si no puede llegar a restituirse la de “acecho”, que proviene también de los edictos policiales. “La Constitución dice que no hay peligrosidad sin delito. Esto depende de qué definas como delito. El merodeo es difícil de acomodar a los nuevos tiempos, pero el acecho importa algún otro tipo de conducta de riesgo”, planteó, por lo bajo, un dirigente macrista ante este diario.

En la Legislatura ya existe un proyecto de ley para prohibir la actividad de los cuidacoches. Lo presentó el legislador Martín Borrelli en 2009. Prevé una multa “de 200 a 400 pesos” o bien “uno o dos días de trabajo de utilidad pública” si no se comprueba que se estuviera exigiendo dinero, o bien de “cinco a treinta días de arresto cuando se exigiera retribución”. También señala que “cuando exista previa organización, la sanción se eleva al doble para el organizador”.

Borrelli aclaró que “la idea es terminar la redacción ambigua de la actual ley, que permitió proliferar a los cuidacoches, y deja a salvo la posibilidad de los jubilados que venden la tarjeta azul, que es un sistema válido. Si se pensara otro sistema similar, debería ser autorizado por el Ejecutivo”. El legislador PRO también consideró que en el caso de la venta callejera “bajo el pretexto de no ir contra los artesanos, se incorporó al Código contravencional de 2005 la figura novedosa de la ‘venta de baratijas’ y ‘de mera subsistencia’. Al amparo de esta resolución, han proliferado los vendedores ambulantes. Hay un desborde de esta situación”.

La iniciativa PRO no tuvo muy buena recepción entre los opositores porteños. “Espero que Burzaco sostenga su palabra de no instalar las figuras de acecho y merodeo en el Código de Contravenciones. Sería pseudofascista que fuera detenido alguien que vive en la provincia que no pudiera explicar qué está haciendo. No podría venir a una plaza o simplemente a caminar. Ojalá Burzaco pueda garantizar que ningún otro dirigente del macrismo desea instaurar esas figuras”, sostuvo la legisladora de la Coalición Cívica-ARI Rocío Sánchez Andía.

“Venimos viendo desde que asumió Macri que tiene una actitud demagógica: en lugar de afectar los problemas graves, busca una respuesta efectista y mediática”, consideró el jefe del bloque de Proyecto Sur, Fabio Basteiro.

“El Código contravencional tenía el objetivo del ordenamiento. Las medidas tienen que ser acompañadas con proyectos sociales, económicos y culturales. De nada sirven los proyectos meramente represivos. En Montevideo tenían los instrumentos legales, pero existió la voluntad política para resolverlo integralmente”, ejemplificó Basteiro.

“No hace falta introducir modificaciones ni con el tema de “trapitos”, ni con el de la venta callejera. La Justicia no se puede hacer cargo ni de los acuerdos del poder político con estos grupos, ni de la informalidad laboral que genera el sistema”, consideró Martín Hourest, de Igualdad Social. “Hay una tendencia mundial a acusar a los sectores informales de ser peligrosos. El gobierno porteño se sube a esa paranoia global y monta una judicialización de las cuestiones sociales”, estimó.

“Las incapacidades del gobierno porteño no deben trasladarse ni a los jueces, ni a la policía”, advirtió el legislador de Diálogo por Buenos Aires Aníbal Ibarra. “La venta ambulante debe resolverse en términos políticos y no con la policía –señaló–. Y la figura de los cuidacoches ya está contemplada en el código. Alcanzaría con sólo hacer cumplir la ley, en lugar de pensar que una reforma modificaría mágicamente las cosas.”

La salida de Paulo Starc, “el segundo” del ministro de Seguridad bonaerense Carlos Stornelli, se concretó anoche. Fuentes del ministerio atribuyeron el despido del ahora ex subsecretario de Investigaciones Complejas al papelón del caso Pomar. Sin embargo, otros informantes hablaron de una suma de desacuerdos entre él y Stornelli que tensaron la relación de amistad de estos dos fiscales. Estos temas involucran a la mafia de los desarmaderos, el secuestro de Leonardo Vergara y hasta la relación amorosa de Starc con la abogada María Eugenia Talerico, quien pertenece a la agrupación de abogados Será Justicia. Esa asociación pretende sacarle el título de abogado a Aníbal Fernández por sus dichos sobre la jueza María José Sarmiento, quien frenó el despido del ex presidente del Banco Central Martín Redrado y el uso de las reservas.

“Es un fiscal que quiere jugar a ser policía, se mete en las internas policiales y en todos los operativos, hace preguntas tontas y eso molesta”, dijo a Página/12 un informante de la Policía Bonaerense.

Según esta fuente, cuando ocurrió el secuestro del empresario Vergara, en diciembre de 2008, Starc ocultó información a la fiscalía y en el caso Pomar, agregó, “se mandó a hablar y quiso manejar el operativo, sin que nadie se lo pidiera”. Pero lo que lo habría alejado aún más de Stornelli fue el cambio que el ministro implementó en la Planta Verificadora de Automotores de la provincia. “Stornelli cortó el chorro, cambió de autoridades, pero el área dependía de Starc”, dijo el informante de la Bonaerense. Después apareció la seguidilla en Lanús de mujeres asesinadas dentro de sus autos, sin que se los robasen, sin que ellas ofrecieran resistencia. Stornelli denunciaría luego que se trató de un mensaje mafioso para intentar desbancarlo.

“En medio de todo esto, hubo un hecho el mes pasado que resultó muy curioso. La policía capturó a un menor que había robado un auto. Luego aparecieron los abogados del joven, abogados caros que andan en autos caros, y como la víctima reconoció al menor, se lo llevaron a un instituto. En el camino, la custodia se cruza con una camioneta con hombres armados que liberan al menor y se lo llevan, pero justo por la zona andaba una brigada antidrogas y logró detenerlos: entre las cosas que les encontraron había papeles de la Planta Verificadora. Eran de esta mafia que presiona a Stornelli”, relató el informante.

En el entorno de Starc dicen que lo echaron principalmente por su mala relación con la Policía Bonaerense. También aseguran que su mujer no tuvo nada que ver con la iniciativa de la agrupación Será Justicia que solicitó al Colegio de Abogados porteños que a Fernández le retiraran el tratamiento de “doctor”, o sea, le suspendan la matrícula. “Ella estaba de viaje cuando se firmó ese pedido de Será Justicia, no tuvo nada que ver”, juró una fuente cercana a Starc.

Sin embargo, María Eugenia Talerico estuvo del otro lado del mostrador en una causa muy nombrada por el gobierno nacional para desacreditar a la polémica Policía Metropolitana de Mauricio Macri. Ella es socia de Diego Richards, abogado del ex jefe de Metropolitana, Jorge “Fino” Palacios, en la causa que investiga las escuchas ilegales a teléfonos a personas de diversos sectores sociales y políticos.

Por estos motivos, ayer circuló la versión de que el jefe de Gabinete de la Nación había pedido la renuncia de Starc. En diálogo con Página/12, Aníbal Fernández lo desmintió: “No solo no pedí la renuncia de Starc, sino que en mi vida pedí a un funcionario que eche a otro. No tengo nada que ver con los debates internos que puedan tener en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”.

Cerca de Starc, anoche aseguraban que su despido apuntó a la mala relación entre él y la Policía Bonaerense. Según esa versión, el ahora ex funcionario tenía una postura mucho más dura con la Bonaerense que la de su jefe directo, Stornelli.

Starc adelantó anoche que, pese a la oferta del ministro de convertirlo en su asesor, volverá a su cargo en la fiscalía de Tres de Febrero. Hoy se formalizará el despido y, según fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense, será reemplazado por Alejandra Provitola, la auditora de Asuntos Internos, esos mismos asuntos internos que, según parece, distanciaron a estos dos fiscales amigos.

El ex presidente Néstor Kirchner se encuentra “fantástico” tras la intervención quirúrgica en la arteria carótida derecha a la que fue sometido el domingo por la tarde. Según aseguraron fuentes médicas a Página/12, el diputado dejará hoy la terapia intensiva para pasar a una habitación común, y mañana mismo podría regresar a la quinta de Olivos. La presidenta Cristina Fernández, en un acto que dio ayer por la tarde en la localidad bonaerense de Ezeiza (ver aparte) confirmó que su marido “está bien” y agradeció “la preocupación y el cariño” que recibió por parte de sus seguidores y allegados. Diversas figuras de la política local, desde el titular de la CGT Hugo Moyano hasta el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt hicieron público su alivio ante el buen resultado de la operación. A las 21.30, la Presidenta volvió al sanatorio a visitar a su esposo.

“El doctor Néstor Carlos Kirchner cursa sus primeras horas posoperatorias evolucionando satisfactoriamente con todos sus parámetros vitales normales”, precisó el parte médico que difundió ayer por la mañana el jefe de la Unidad Médica Presidencial Luis Bonomo. En diálogo con este diario, fuentes del Sanatorio de los Arcos, donde fue atendido y permanece internado el santacruceño, aseguraron que su estado es “fantástico” y que todo evoluciona de acuerdo con los mejores pronósticos. “Seguramente lo vamos a llevar a una habitación común” hoy mismo, anticiparon, y de no mediar ningún imprevisto mañana podría ser dado de alta. Kirchner había acudido a la Clínica Olivos el mediodía del domingo, tras sentir problemas de movilidad en su brazo izquierdo. Allí se le descubrió un pequeño accidente cerebrovascular (ACV) y se decidió trasladarlo a Los Arcos, en Palermo, para realizarle una intervención sobre su arteria carótida derecha, donde estaba la fuente del problema. Tras poco más de una hora de cirugía, el ex mandatario salió del quirófano lúcido y completamente recuperado.

Aliviada por las buenas noticias, Cristina Fernández, que pasó la noche junto a su marido y sus hijos Máximo y Florencia, decidió cumplir con los compromisos pautados en su agenda. “Sigue toda la actividad normal”, confirmaron fuentes oficiales. La Presidenta estuvo hasta media mañana en la clínica, y luego volvió a la residencia oficial, donde continuó con su rutina. Por la tarde participó de la inauguración de un hipermercado en el partido bonaerense de Ezeiza, ocasión que aprovechó para confirmar que la recuperación de Néstor Kirchner es tan buena como se esperaba. “Les agradezco la preocupación y el cariño, siempre adelante”, concluyó.

Por su parte, el cardiocirujano que operó al ex mandatario, Víctor Caramutti, volvió a hablar con la prensa para reiterar que “la intervención quirúrgica se pudo hacer en forma muy satisfactoria y la recuperación del paciente así lo evidencia”. Interrogado sobre las causas posibles de la placa ulcerosa que provocó el ACV, el médico explicó que “son un poco producto de la sociedad en que vivimos” como “el estrés, sedentarismo, tabaquismo e hipertensión”. Tal como anticipó ayer Página/12, Caramutti confirmó que la cirugía del domingo se realizó para evitar un ACV de mayor gravedad en el futuro. “Es como adelantarse en el tiempo, tratar de resolver el problema, es como cuando uno opera un paciente del corazón y está evitando que se produzca el infarto”, graficó el especialista. Además informó que el ex mandatario pasó la noche “bien, sin inconvenientes” y que tras el alta “progresivamente tendrá que ir retomando toda su actividad y una vida normal”.

Tan buena fue la recuperación del santacruceño que el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, se permitió bromear sobre la operación a la que fue sometido. “Yo digo simbólicamente que se hizo un service en la cañería para poder estar a la brevedad desarrollando su actividad normal con toda la energía que todos le conocemos, y ese empuje y pasión que él pone en todas las cosas”, dijo quien fuera su vice. El ex motonauta también confesó “toda la profunda preocupación” que sintió al recibir la noticia, pero aclaró que “su recuperación es óptima” y destacó que Néstor Kirchner es “un hombre metódico y ordenado, que practica deportes”, algo que “es bueno porque ayuda a este tipo de cosas”.

Otro que hizo pública su preocupación por el estado de la salud del ex mandatario fue el líder de la CGT, Hugo Moyano, que contó que se enteró del episodio “por los medios” y reiteró que la situación no fue “demasiado grave” aunque “en una operación, a partir de cuando lo duermen se corre cierto riesgo” siempre. “Una vez superada la instancia de la operación, todos nos quedamos más tranquilos –aseguró–. Teníamos la fe y la esperanza de que todo saliera bien, como salió. Lo tendremos pronto al compañero en sus funciones como legislador nacional.”

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, el jujeño Eduardo Fellner, expresó su “profunda alegría” por “la evolución satisfactoria del estado de salud del ex presidente Néstor Kirchner”. El legislador confió que “con la misma fuerza y convicción que ha demostrado tanto en su desempeño en la gestión pública como en la política, Kirchner superará con creces esta circunstancia que la vida le ha puesto por delante”. En tanto, una veintena de intendentes de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios, difundieron un comunicado en el que le desearon “pronta recuperación” y le recordaron que cuenta con su “apoyo incondicional” en estas circunstancias. “El país necesita que uno de los líderes más importantes de este proyecto nacional y popular se recupere a la brevedad para poder continuar al frente con todas las energías”, concluye el breve texto.

En su primera aparición pública tras la internación de su esposo, la presidenta Cristina Fernández participó de la inauguración de un hipermercado en Ezeiza, donde agradeció el apoyo para Néstor Kirchner luego de su intervención quirúrgica. “Tan bien está que cinco minutos antes de salir para acá me llamó por el celular, desde terapia intensiva, y me dijo que está muy bien”, relató la Presidenta. Antes de iniciar su discurso la jefa de Estado agradeció “las muestras de preocupación y el cariño” manifestado ante la obstrucción en la carótida derecha que obligó a Kirchner a ser operado de urgencia.

“Esto era algo impensable en 1998 o 2001. Ezeiza era sólo mirada como un lugar de huida del país, hoy es un lugar de actividades económicas tan importantes como las que hoy inauguramos”, señaló la Presidenta ante el emprendimiento del empresario Alfredo Coto. En respuesta a los pronósticos negativos alentados desde la oposición, Fernández invitó ayer “a todos los argentinos, piensen como piensen, a creer en ellos mismos y en el país” y remarcó que “los negadores, los mala onda, no creen ni en ellos mismos”. Por la noche, luego del acto, la Presidenta volvió al sanatorio Los Arcos para acompañar a su marido.

Cuando supo que debía ser operado por una complicación en su arteria carótida derecha, Néstor Kirchner pidió que la intervención se realizara en un hospital público. En la Unidad Médica Presidencial pensaron en el Hospital Argerich, pero Donato Spa-ccavento, ex director del hospital y actual funcionario del Ministerio de Salud, lo desaconsejó por la falta de insumos y medicamentos. Los dichos de Spaccavento abrieron una polémica en torno de la situación de los hospitales porteños. El director médico del Argerich, Néstor Lorenzo, y el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la ciudad, Néstor Pérez Baliño, salieron al cruce de las declaraciones y negaron que faltaran recursos para realizar un procedimiento de esa complejidad. Ambos afirmaron que “estaba todo listo” para recibir al ex presidente.

En diálogo con Página/12, Spa-ccavento relató que el domingo, apenas se confirmó en un centro médico de Olivos que Kirchner tenía una obstrucción en la carótida derecha, fue llamado por Marcelo Ballesteros, uno de los encargados de la Unidad Médica Presidencial: “Querían saber si yo estaba en el Argerich y si podían ir”, afirmó, en línea con el deseo del ex mandatario. Spaccavento dirigió el Hospital Argerich hasta 2008, cuando fue removido por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, con quien mantiene un enfrentamiento por sus críticas al sistema de salud local. La decisión fue apelada en la Justicia, que lo reintegró a sus funciones, y hoy Spaccavento está de licencia, sin goce de sueldo, por ocupar la gerencia de prestaciones especiales en la cartera de Salud nacional.

“Si bien no estoy yendo diariamente al Argerich, sé por mis colegas que tiene problemas como todos los hospitales de la ciudad. Yo aconsejé que no (fuera), no sólo por Kirchner, sino que ningún paciente con esa condición estaría en su mejor situación” en ese hospital. “Tampoco podía dar garantías de que estuviera operativo”, por lo que “el equipo de la Unidad Médica Presidencial decidió ir a la clínica Los Arcos”, en Palermo, donde Kirchner fue intervenido de manera exitosa.

Sobre la situación actual del Argerich, Spaccavento afirmó: “Nunca hubo una crisis como la de ahora. Cada día falta una cosa nueva. De once quirófanos funcionan sólo cuatro”. Además, aseguró que el sistema de compra de insumos médicos que lleva adelante el Ministerio de Salud porteño genera una demora en la entrega de los materiales, “fundamentalmente catéteres”, lo que produce un “retraso en las operaciones de urgencia”.

“Con las condiciones de insumos y medicación en la que están los hospitales de la ciudad, no le recomiendo al ex presidente ni a ninguna persona una operación de alta complejidad”, aseguró. En el mismo sentido afirmó que “no es cierto” que la “unidad presidencial” estuviera “libre” y “preparada”, y que si fue así debe haber sido “a costa de otros pacientes”, destacando la falta de camas que aqueja al Argerich.

Ante la consulta de este diario, el actual director médico del hospital, Néstor Lorenzo, rechazó que no estuvieran dadas las condiciones para asistir a un paciente con la patología de Kirchner y dijo que el hospital público atiende esos casos de manera “frecuente”. Aunque reconoció restricciones presupuestarias que impiden una mejor operatoria del centro de salud, Lorenzo afirmó que “estuvo todo preparado para recibirlo” y que el hospital “cumple con todas las urgencias de cirugía cardiovascular”. Además, dijo que es “peligroso y alarmante” que la población reciba este mensaje y sostuvo que “toda la comunidad médica del Argerich tomó muy mal” los dichos de Spaccavento.

En el mismo sentido, el jefe de Gabinete del Ministerio de Salud porteño, Néstor Pérez Baliño –que también fue director interino del hospital–, sostuvo que el Argerich estuvo “preparado y en condiciones” para recibir a Kirchner el domingo pasado. “De ninguna manera hay desabastecimiento. Las declaraciones de Spaccavento no parecieron un discurso médico, sino absolutamente político”, apuntó Baliño. Además remarcó: “Me provocó desagrado que se haya montado sobre una situación tan seria y delicada en momentos en que todo el país está preocupado por la salud del ex presidente”. El funcionario comentó que, ante “la primera información sobre la salud del marido de la Presidenta, se convocó a los médicos y se preparó el hospital en toda el área denominada presidencial”. Se trata de un sector que, al menos en teoría, cuenta con las medidas de seguridad necesarias y el equipamiento correspondiente a una unidad de terapia intensiva. Por último, Baliño subrayó que la decisión de cambiar de destino fue “íntima y personal” y le envió un mensaje a la ciudadanía para “que se quede absolutamente tranquila porque el Hospital Argerich está totalmente operativo”.

Informe: Gabriel Morini.

La resolución del conflicto entre la Argentina y Uruguay en torno de la pastera instalada en Fray Bentos “es absolutamente prioritaria” para el futuro gobierno oriental de José Mujica. Así lo aseguró ayer Luis Almagro, quien será el canciller uruguayo cuando en marzo asuma al presidente electo. “No es bueno tener cuentas pendientes con los vecinos”, dijo Almagro, cuyas declaraciones se suman a las expresiones en el mismo sentido del propio Pepe Mujica, quien mostró su disposición a abordar el tema el mes pasado en una visita a la presidenta Cristina Fernández. Sin embargo, Mujica ha dejado también en claro que, a su entender, la planta de celulosa no contamina y que, por eso, su postura es favorable al funcionamiento tanto de Botnia como de otras empresas afines interesadas en invertir en Uruguay.

“El tema con la Argentina y cuáles son los pasos futuros dependen esencialmente de cuál sea el fallo de La Haya. Estimamos que el resultado será favorable en muchos aspectos. Tenemos que darle la practicidad jurídica”, puntualizó Almagro en declaraciones a la prensa uruguaya. “El fallo en sí mismo es muy importante, pero la administración que hagamos del fallo, argentinos y uruguayos, lo es aún más”, agregó el actual embajador de Uruguay en China. “Allí vamos a tener una base jurídica sobre la cual tenemos que trabajar para lograr las soluciones concretas, prácticas y específicas.”

El diferendo por el funcionamiento de la pastera Botnia en la costa oriental del río Uruguay se está dirimiendo en la Corte Internacional de La Haya y el fallo final se espera para el primer semestre de este año. El gobierno argentino considera que la pastera contamina el ecosistema circundante y acusa a Uruguay de haber incumplido el tratado bilateral de 1975 sobre la administración compartida del río. Por esa razón, desde 2006, vecinos de la localidad entrerriana de Gualeguaychú, organizados en una asamblea ambiental, mantienen cortado el paso fronterizo, con un bloqueo del Puente Internacional San Martín. Hace diez días, con una marcha de antorchas y una caravana náutica, los ambientalistas ratificaron la continuidad de la protesta y su reclamo de que se traslade la planta de celulosa.

Diferenciándose del mandatario saliente, Tabaré Vázquez, el presidente electo de Uruguay viene insistiendo en la necesidad de superar el conflicto entre ambos países. Así lo señaló ante la Presidenta en Buenos Aires y luego ante el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, en un encuentro mantenido en Tacuarembó. Poco después de esa reunión, Urribarri reiteró que el corte de los asambleístas sobre el puente “perjudica” al país y “no le hace ni cosquillas” a la pastera de origen finlandés.

Pese a sus gestos buscando recuperar la relación bilateral, Pepe Mujica defiende la instalación de Botnia en su país porque está convencido de que no genera problemas ambientales. Este fin de semana lo aseguró en un encuentro con el diputado del PJ disidente Felipe Solá. “Nadie sabe más en el mundo de ecología que los finlandeses”, dijo Mujica, según difundió el ex gobernador bonaerense. “En lugar de sacarlos –siguió–, nosotros quisiéramos que vinieran muchos más a vivir e invertir en Uruguay.”

“Esta premiación es un reconocimiento a los trabajos de esta comisión a favor de los derechos humanos, la no discriminación, el pluralismo, el respeto a la dignidad de la persona, la reducción de la violencia”, destacó Mónica Cuñarro, fiscal y coordinadora de la comisión científica sobre políticas públicas de prevención y control del tráfico de drogas, integrada por magistrados y diversas personalidades. En el país de la coca, esa comisión asesora fue premiada por su contribución a una reforma en la política de drogas, que incluye la despenalización de la tenencia para consumo (ver nota). El reconocimiento lo recibió Cuñarro, que en esta entrevista explica los alcances de los cambios previstos y el significado de la premiación.

El acto se produjo en el marco de la Conferencia “Las Reformas en América Latina en la Legislación sobre Drogas”, organizada en Lima por el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y el Transnacional Institute de los Países Bajos.

–¿Esta premiación es un reconocimiento a la reciente despenalización del consumo de drogas en Argentina? –le preguntó Página/12 a la fiscal Cuñarro.

–Es muy importante que este premio haya sido otorgado por organizaciones civiles con una reconocida trayectoria en la región en la defensa de los derechos humanos. Esta premiación es un reconocimiento a los trabajos de esta comisión a favor de los derechos humanos, la no discriminación, el pluralismo, el respeto a la dignidad de la persona, la reducción de la violencia. Se está premiando una reforma integral, que incluye la despenalización de la tenencia de drogas para consumo, pero también los aspectos jurídicos y sociosanitarios para defender los derechos de las personas. Se está reconociendo el trabajo en materia de cambios de políticas públicas de drogas impulsados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El fallo de la Corte Suprema de Argentina que despenaliza el consumo de drogas “es una decisión que va en sintonía con lo que venía diciendo esta comisión asesora de la presidenta”, dijo Cuñarro, al comentar la decisión de la Justicia argentina que declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal. “El consumo de drogas debe ser abordado como un problema social y sanitario, no penal. Los sectores de salud y de desarrollo son los que deberían tomar en sus manos el manejo del problema de consumo de drogas”, precisó.

–¿Hay una tendencia en la región para avanzar en la despenalización de las drogas?

–En la región hay dos modelos. Uno es el del presidente Uribe de Colombia, de criminalizar al usuario de drogas y que habla de una guerra absoluta a las drogas. Del otro lado, están los países que están en la línea de despenalizar el consumo de drogas, entre ellos Argentina. Criminalizar el consumo de drogas es violatorio de los derechos humanos. Hace tres años, Argentina llevó esta propuesta de no criminalizar el consumo de drogas a Viena, que ahora otros gobiernos están siguiendo. En esta conferencia de Lima se ha puesto a la Argentina y a Ecuador como modelos de esta política de despenalizar el consumo de drogas. Y se ha decidido premiar la experiencia argentina, porque está a la vanguardia en la región en este tema y otros países están imitando nuestra experiencia.

–¿Qué países están siguiendo el modelo argentino?

–El gobierno argentino fue el primero en nombrar, hace dos años, una comisión de independientes ad honorem para asesorar a la Presidencia en materia de drogas. En Brasil, Lula ha creado una comisión asesora copiando el modelo argentino. Esta comisión le acaba de entregar a Lula un proyecto que pide la legalización de las drogas, lo que convertiría a Brasil en el país más abierto de la región. En Ecuador, Correa también ha creado una comisión para ver el tema de la legislación en materia de drogas y está llevando adelante gestiones avanzadas para despenalizar el consumo de drogas. En Estados Unidos, Obama ha presentado un proyecto de ley al Congreso para crear una comisión asesora del presidente en materia de drogas, que estaría integrada por cuatro republicanos y cuatro demócratas. En este tema, colegas de distintos países señalan a la Argentina como un referente. Pero si bien estamos a la vanguardia en la región, nuestra posición de despenalizar la tenencia de drogas para consumo es conservadora si la comparamos con aquellas posturas que proponen la legalización de las drogas, como ha hecho The Economist, que incluso propone que el Estado cobre impuestos por esta actividad.

El fiscal federal Carlos Rívolo le pidió ayer al juez Norberto Oyarbide que se instruya una causa para investigar un supuesto plan para atentar contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. El 16 de diciembre, un médico boliviano llamó desde Cochabamba para denunciar que el 8 de diciembre pasado, estando en Salta, en un bar, escuchó el diálogo entre cinco personas, dos argentinos y tres centroamericanos, en el que se tramaba la tentativa de homicidio de la mandataria. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ordenó investigar si el supuesto médico existía realmente y si existían también los lugares que mencionó. Como todo fue verificado, Parrilli hizo la denuncia judicial y ahora Rívolo propuso varias medidas de prueba.

La historia contada por teléfono por el médico boliviano parece fantasiosa, sobre todo teniendo en cuenta que resulta poco creíble que cinco personas tramen un atentado en un bar y lo hagan con tan poca cautela que permitan que un desconocido los escuche. El mismo descreimiento tuvieron al principio los funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia.

Sin embargo, lo primero que se constató fue la identidad del médico boliviano, Juan Carlos Polo Rivero. El paso siguiente fue enviar a un integrante de la Gendarmería a conversar con él. En un encuentro realizado en el aeropuerto de La Paz, ante un segundo comandante de la Gendarmería, el médico sostuvo su versión: contó que se trataba de cinco personas y que los dos argentinos –un hombre y una mujer– les entregaron a los tres centroamericanos un paquete que contendría dinero. Polo Rivero no pudo precisar de qué nacionalidad eran los centroamericanos.

El médico afirma que estaba en Salta a raíz de un simposio al que también concurrió un primo, que vive en México. Los dos escucharon el diálogo sobre el plan de asesinato de la Presidenta y, como tenían una cámara filmadora, registraron a los cinco involucrados en el complot. Hasta ahora, la filmación no fue entregada. Polo Rivero afirma que está en poder de su primo, el que vive en México.

Según el relato del médico, tras escuchar lo que tramaba el grupo, los siguió hasta el hotel en el que se alojaban. Dio una dirección, que la Gendarmería luego verificó que se trata del hotel Zacur Baracat, un alojamiento de lo más económico de la capital salteña. Eso también suena incongruente: semejante plan, con bastante dinero de por medio, no se condice con que sus protagonistas hayan vivido en un hotel de escaso nivel.

En cualquier caso, el fiscal Rivolo se tomó las cosas en serio y pidió que se realicen varias diligencias. Se constaten las entradas y salidas del país de Polo Rivero. Se verifique si existió o no el simposio al que se refiere el médico. Se le pida al hotel Zacur Baracat el listado completo de los pasajeros que se alojaron allí durante el mes de diciembre. Se ubique nuevamente a Polo Rivero para tomarle declaración judicial. Incluso, Rivolo piensa en citar al segundo comandante de la Gendarmería para evaluar si el médico boliviano pareció creíble o no y si tiene otros elementos para agregar a la pesquisa.

La lógica indica que la Side debe haber abierto una investigación sobre el supuesto complot para matar a la Presidenta. De eso, en la causa judicial no hay nada. Al menos por ahora. Es posible que con las medidas pedidas por Rivolo en pocos días se tengan precisiones sobre la verosimilitud de la historia. De entrada, se parece demasiado a la fantasía de una persona que vio muchas películas de acción. Pero eso lo dirá la Justicia.

Hoy se hará en Ecuador una reunión extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para analizar la situación de Haití tras el devastador terremoto que sacudió al país centroamericano el 12 de enero pasado. En representación de Argentina, participará el canciller Jorge Taiana, quien ayer recibió a la embajadora de Estados Unidos, Vilma Martínez, para tratar el mismo tema. En medio de las críticas que recibe Estados Unidos por sus tareas de asistencia y el aumento de su presencia militar, Taiana reiteró durante la reunión que el proceso de reconstrucción y ayuda en Haití tiene que ser conducido por el gobierno local, presidido por René Préval. Además, el canciller consideró que debe ser la Organización de Naciones Unidas el organismo de coordinación de la ayuda internacional.

Precisamente para analizar la actitud de los países latinoamericanos es que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, convocó en Quito a un encuentro de los miembros de Unasur que se hará hoy.

“Durante años, Argentina viene brindando una importante ayuda en Haití y su papel en los días posteriores al terremoto fue esencial para salvar muchas vidas en ese país”, aseguró la embajadora de Estados Unidos luego de la reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Martínez y Taiana conversaron sobre los esfuerzos de la comunidad internacional para responder al desastre ocurrido en Haití. “El hemisferio está avanzando rápidamente en la organización de una respuesta masiva al terremoto”, enfatizó la embajadora.

Además de reafirmar “el compromiso histórico” de la Argentina con Haití, Taiana insistió en la autonomía del gobierno de ese país para conducir su recuperación tras el terremoto que dejó miles de muertos. Esas afirmaciones cobran particular sentido ya que en los últimos días Estados Unidos aumentó a 20 mil el número de tropas en el país caribeño y, ayer, el ex presidente Bill Clinton aterrizó en Haití, como enviado especial de la ONU. Clinton, acompañado por el también ex presidente George Bush impulsa un fondo para la reconstrucción de la nación.

Pocas horas después de recibir a Martínez, Taiana partió rumbo a Quito, donde arribó a las 22. Hoy, a las 10 de la mañana, se iniciarán las actividades de Unasur en el edifico Corondelet, sede del Ejecutivo de Ecuador. Los presidentes que confirmaron su presencia en la reunión son Hugo Chávez (Venezuela), Alvaro Uribe (Colombia), Alan García (Perú), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador) y Préval (Haití). Además, participarán el vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, y el canciller argentino. Según informó la Cancillería ecuatoriana, también concurrirán como invitados el titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y el delegado del Banco Interamericano de Desarrollo, Ciro de Falco.

Antes de llegar a Ecuador, García Linera aseguró que uno de los temas a discutir será “la actitud que asume el bloque frente al incremento innecesario, abusivo y peligroso de soldados norteamericanos” en Haití. “Esto está siendo parte de un debate y seguramente en el documento saldrá la posición consensuada entre todos los Estados”, adelantó el vice boliviano.

El juicio por la megacausa “Jefatura de Policía de Tucumán”, que tiene como principales acusados a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi, podría postergarse, ya que Menéndez fue internado en el Hospital Militar de Córdoba la semana pasada con un cuadro de neumopatía aguda. El próximo martes estaba previsto el comienzo de las audiencias, en las que se espera escuchar 182 testimonios.

El ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército durante la dictadura fue internado el pasado 4 de febrero en el Sanatorio Militar de Córdoba. Según el informe médico de Carmen Carreras, cirujana y jefa de la sección Neumonología de la entidad, quien lo revisó al momento de la internación, el represor presentaba un cuadro de neumopatía aguda.

Pasadas las 9 de ayer, el Tribunal Oral Penal de Tucumán recibió un fax donde se informaba que Menéndez deberá permanecer dentro del hospital militar, ya que “el proceso de internación demandará entre 25 y 30 días, hasta la recuperación completa, aunque supeditado a la evolución del mismo, siempre sujeta a eventuales imponderables”, resaltó Carreras.

Más tarde, el tribunal oral se reunió para analizar sus próximos pasos. Con la firma del juez de Cámara, Gabriel Casas, el tribunal resolvió pedir que un médico forense certifique el estado de salud del represor. “Requiérase al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación en la Provincia de Córdoba informe a este Tribunal Oral, con carácter de urgente, si el imputado mencionado puede concurrir en calidad de tal a la audiencia de debate oral y pública en estos autos a iniciarse el día 16 de febrero de 2010, debiendo tener presente que durante la estadía en esta provincia y durante el desarrollo del juicio estará alojado en un domicilio particular, cumpliendo la prisión preventiva bajo la modalidad de prisión domiciliaria”, señala el escrito que el tribunal envió a Córdoba ayer por la tarde.

Según el secretario del tribunal, Mariano García Zavalía, la postergación de las audiencias dependerá del análisis médico que se realizaría a Menéndez esta semana. “Nosotros tenemos que tener la certeza de que el imputado estará presente en la provincia, no sólo para declarar sino para presenciar las audiencias”, aseveró el abogado a Página/12. Lo que también esperan los jueces tucumanos es saber cómo será trasladado el represor, para evitar que Menéndez se descompense. “No es un dato menor, tenemos que saber si su traslado será por aire o vía terrestre para poder contar con todos los elementos necesarios”, dijo García Zavalía.

Una vez que los jueces del Tribunal Oral, Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Josefina Curi (camarista santiagueña) conozcan el informe del perito, tendrán tres caminos para decidir el futuro del inicio del juicio. Si Menéndez está en condiciones, las audiencias comenzarán la semana que viene. Si el represor de 82 años está grave, podría ser apartado del proceso como imputado de la megacausa para que, una vez recuperado, pueda ser enjuiciado. Y la tercera posibilidad sería que se aplacen los tiempos hasta que el ex militar se recupere. Esta última sería una de las opciones más viables, según confiaron fuentes judiciales.

Menéndez es requerido por el Tribunal Oral para ser juzgado, junto a su ex subordinado Antonio Domingo Bussi y otros cinco imputados, por los delitos cometidos en la ex Jefatura de Policía, uno de los centros clandestinos de detención más sangrientos de la última dictadura en la provincia. Según explicó el fiscal Alfredo Terraf, “hay una megacausa con 22 víctimas, cuyos casos han sido unidos en la causa Jefatura de Policía, donde están imputados Bussi, Menéndez, Roberto Heberto Albornoz, Alberto Luis Cattáneo, Carlos Esteban De Cándido, Armando Luis De Cándido y Mario Albino Zimmerman, en ese entonces titular de la fuerza policial”.

El gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, integra junto a su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el último grupo de radicales que se mantiene aliado al kirchnerismo. Sin embargo, en esta entrevista con Página/12, adelanta que en 2011 va a apoyar a la UCR “si lleva un candidato radical”. A pesar de estar distanciado de quien supo liderar la Concertación, Julio Cobos, Saiz reconoce que el vicepresidente es quien tiene “mejores posibilidades” para postularse. “El día que él lance su candidatura va a tener que renunciar”, dice desde sus oficinas en el microcentro porteño. Defensor del Fondo del Bicentenario y de la asignación universal por hijo, el gobernador rionegrino considera que en la próxima elección el escenario político va a quedar “sujeto a la interna peronista entre Duhalde y Kirchner”.

–¿Qué le pareció el voto de Cobos en la Comisión Bicameral?

–Cobos no tenía otro margen que decir que Martín Redrado se tenía que ir. No le quedaba otra porque el Banco Central debe tener un titular de confianza del Ejecutivo. Más allá de que no es vinculante, imagínense que la Bicameral hubiera dicho que no se lo puede echar a Redrado. ¿Cómo queda la situación? Se especuló políticamente para intentar ocasionarle un nuevo desgaste al Gobierno.

–La UCR sostenía que la cuestión había quedado abstracta luego de la renuncia de Redrado...

–La Presidenta hizo muy bien en no aceptarle la renuncia porque tiene que defender su DNU, que por cuestiones legislativas puede que no esté firme, pero la oportunidad de renunciar ya se la habían dado antes. Lo que no se discute es si queremos pagar o no queremos pagar. Los mismos que dicen “no al uso de las reservas” dicen que hay que pagar la deuda, a los bonistas, al Club de París y después, cuando hay que pagar, dicen “no, esa plata no la toquen”.

–La oposición consideró que se quiso “echar mano a las reservas”.

–Si están garantizadas la estabilidad monetaria y otras variables como el precio del dólar, ¿cuál es el sentido de las reservas? Es dinero de la Argentina que en vez de estar en los bolsillos de los empresarios está en el Banco Central. El hecho de tener reservas por sí solo no se justifica.

–¿Coincide con los gobernadores que salieron a respaldar el Fondo del Bicentenario con la condición de que haya obras para sus provincias?

–Cuando a mí me consultó el jefe de Gabinete, en ningún momento estuvo sujeto al cambio de figuritas. Lo lógico es que, si en el Presupuesto había una partida para el pago de deuda, y si el fondo ese se utiliza para cancelar esa deuda, seguramente va a haber una masa de dinero importante para continuar con la obra pública.

–La oposición critica que el Fondo no se discutió en el Parlamento...

–El Congreso puede discutir el endeudamiento. Lo que no puede discutir es si pagamos o no pagamos. Eso es un problema moral mucho más profundo. Argentina definitivamente tiene que ser un país serio y los compromisos que asume los tiene que pagar. Si saben que vencen 6500 millones, ¿no los vamos a pagar?

–¿Considera que hubo una actitud destituyente por parte de Cobos?

–No, pero sí creo que su situación es delicada, ambigua. El había manifestado que no iba a convocar a extraordinarias. Pero también es cierto que la Presidenta tiene todo el derecho del mundo a no sentirse tranquila si se va y queda la Presidencia en manos de Cobos. No lo ha blanqueado, pero tiene un proyecto político distinto para 2011.

–¿Un proyecto político en el radicalismo?

–El radicalismo se está armando para ser una alternativa en 2011. Lo veo bien en tanto y en cuanto las herramientas que se utilicen sean legítimas. Que no nos vuelva a pasar lo que pasó en 2007, cuando el radicalismo no tenía un presidenciable y tuvieron que llamarlo a Lavagna. El país no puede prescindir del radicalismo. Hay que generar un candidato para en 2011 ser una alternativa de gobierno.

–¿Esa candidatura se puede gestar desde la vicepresidencia de la Nación?

–Es medio difícil. Cobos hoy está en un dilema: responderle a un electorado que lo votó como vice y sus legítimas aspiraciones de eventualmente ser candidato a presidente. El día que él lance su candidatura va a tener que renunciar.

–¿Como está su relación con la UCR?

–En Río Negro el partido está normalizado. A nosotros nos costó muy cara la intervención. Ahora el partido local está jugando con el partido nacional y yo sigo leal al compromiso que asumí en 2007. Sigo sosteniendo que firmé un contrato con la sociedad y si el proyecto fracasó fue porque hubo circunstancias que impidieron el crecimiento de la Concertación.

–Hace un año dijo que en 2011 se veía dentro de la UCR, ¿sigue pensando lo mismo?

–Voy a estar dentro de la UCR si lleva un candidato propio. Tampoco me van a llevar arriando si lleva un candidato extrapartidario. Si repetimos la historia y llevamos a un peronista como Lavagna voy a elegir yo a quién apoyar. Sigo siendo radical y voy a seguir siéndolo más allá de que me sancionen. Pero si el radicalismo lleva un candidato radical por supuesto que voy a estar ahí.

–Algunos plantean un acuerdo con sectores del PJ disidente en 2011.

–La posibilidad de un acuerdo con el PJ disidente es probable. Lo que es cierto es que la oposición es mayoría en alguna Cámara del Congreso pero ni siquiera se pone de acuerdo para llamar a sesiones extraordinarias. Los junta el espanto y no el amor. Estas amenazas de autoconvocatoria no le hacen bien a toda la oposición. Del lado del oficialismo tenés manzanas y del otro lado tenés una ensalada de frutas.

–¿Cómo ve el Acuerdo Cívico y Social?

–Hay que elaborar un proyecto de gobierno y una vez terminado hay que convocar. Si no, las sociedades son personales y duran lo que duran los afectos. Desde el radicalismo hay que ver si con otras fuerzas políticas se puede hacer una alianza, pero con la definición de una línea troncal bien definida, porque es muy difícil ser gobierno a través de una coalición.

–¿Cobos debe ser el candidato de la UCR?

–Hoy es el que más chances tiene de ser candidato. Le saca varios cuerpos de ventaja a cualquier otro candidato, como Ernesto Sanz, Ricardo Alfonsín o Gerardo Morales. Muchos de los que hoy están apoyando a Cobos porque las encuestas le dan a favor eran los que hace un tiempo lo echaron del partido. Muchos de los que hoy dicen “Cobos corazón” lo puteaban porque integraba la fórmula con Cristina.

–¿Kirchner va a ser candidato en 2011?

–Depende de la disputa con Duhalde. Hoy por hoy, me parece que la gana Kirchner. Mi visión es que otra vez vamos a estar casi sujetos a la interna peronista entre Duhalde y de Kirchner.

–¿Y Francisco de Narváez?

–Las elecciones legislativas se motivan por otros argumentos que las ejecutivas. El elector, cuando hay legislativas, fantasea más porque no le va a cambiar tanto la realidad. Pero a la hora de definir los ejecutivos vota de manera distinta. No los veo ni a De Narváez ni a Mauricio Macri con posibilidades de ganar una presidencial.

–¿Y a Carrió?

–Ya se le pasó el cuarto de hora. Cada día pierde más poder por sus reiterados mensajes mesiánicos. La pueden votar como legisladora, pero para los cargos unipersonales no.

–A la distancia, ¿qué pasó con la Concertación?

–Fracasó en el armado estructural. Quedamos Gerardo Zamora y yo como gobernadores y varios intendentes. Hoy está más vinculada con relaciones personales. Sigo creyendo que es el instrumento que la sociedad nos está pidiendo. Hay hechos del Gobierno que son absolutamente positivos. ¿Por qué no se aplaude de Asignación Universal por Hijo? Basta de que es todo a favor o todo en contra.

–¿Cuál es la situación presupuestaria de las provincias?

–El 90 por ciento tenemos déficit primario. Si no hay una mejora, vamos a estar complicados. En el tema salarial no somos independientes. Si Moyano arregla en el 20 por ciento, para los estatales de Río Negro ése es el piso. Este es el gran problema. Hay que reformular la relación Nación provincia. Si no, vamos a tener incendios permanentes en todo el territorio.

–¿Con una nueva ley de coparticipación?

–No veo el ambiente para hacer una nueva ley. La herramienta más a mano que tiene el Gobierno es una refinanciación de los pasivos provinciales con quita y algún plazo de gracia.

–¿En Río Negro se está hablando de una reforma constitucional?

–Sí, pasa que cada vez se habla de reforma se habla de la re-re-elección. Pero ya no sé cómo explicar que ese artículo no está en la reforma. La Constitución de Río Negro es anterior a la reforma del ’94. Hoy ha quedado desactualizada y a contramano de la Constitución Nacional.

–¿Entonces qué cosas están en discusión en esa reforma?

–Quiero debatir si los derechos de huelga son superiores a los derechos de los niños a aprender. Todos los años en marzo tenemos el mismo problema. Yo les reconozco a los docentes su derecho, pero para mí es superior el derecho de los chicos a la educación. O, por ejemplo, ¿tengo derecho a hacer piquetes y afectar a terceros que no tienen nada que ver porque tengo un problema laboral en el que no está involucrado el Estado?